Las
instituciones dedicadas exclusivamente a actividades religiosas -sin fines
de lucro- estaban exentas del pago de impuestos. Ya no más. El presidente
Nicolás Maduro, vía Habilitante, reformó el artículo 14 de la Ley de
Impuesto Sobre la Renta (ISLR) y “borró” dicha excepción, publica Versión Final.
El
instrumento legal no obliga a las iglesias a pagar tributos al Estado
directamente, pero tampoco cierra la posibilidad. He allí el limbo.
Las
excepciones se otorgarán a las instituciones benéficas y de asistencia
social siempre que su enriquecimiento se emplee para los fines que se
crearon, que es ayudar a los necesitados.
En ningún
caso podrán distribuir ganancias, beneficios o parte alguna de su
patrimonio “a sus fundadores, asociados o miembros”. Tampoco está
permitido que estas organizaciones “realicen pagos a título de reparto de
utilidades o de su patrimonio”.
¿Cómo se
sustentarán los ministros y el culto en sí, quién y cómo determinará que
la iglesias y sus pastores cumplen con los requisitos de ley?
Discrecionalidad. Para la jerarquía católica el
problema no es que se elimine la excepción, siempre que se pueda probar
que los ingresos de los templos se dedican al cumplimiento de sus fines
caritativos.
“El
problema es la discrecionalidad que al parecer se le da a
los funcionarios, que son los que van a decidir si verdaderamente
eso sucede. Es una puerta abierta más a la corrupción”, dijo aVersión Final el
padre Víctor Hugo Basabe, secretario general de la Conferencia Episcopal
Venezolana (CEV).
El
decreto 1.435, publicado en Gaceta Oficial Nº 6.152 el 18 de noviembre de
2014, puede cambiar las reglas del juego. Basabe no descarta que, incluso,
en un futuro esta reforma se convierta en un mecanismo de presión contra
sacerdotes y pastores “incómodos” para el Gobierno nacional.
“Se está
buscando dinero de la manera que sea. No olvidemos que el país tiene en
este momento una grave crisis de ingresos. Se pone entre la espada y la
pared a unas asociaciones que vienen asumiendo situaciones de auxilio a la
población de las cuales el Estado se ha suprimido. Por ejemplo, las
fundaciones que ayudan a las mujeres y niños enfermos de cáncer, las
instituciones caritativas que tiene la Iglesia católica y que tienen otras
comunidades eclesiales”.
Basabe
critica que se le pueda poner un precio a la caridad ya que cada vez más
personas recurren a los templos, porque “consiguen más ayuda allí que de
parte del mismo Estado. A la larga se genera un problema para la gente que
menos tiene”.
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