El jurista venezolano Enrique Sánchez Falcón, especialista en derecho constitucional y administrativo, afirma que el líder opositor venezolano Leopoldo López no tiene impedimento alguno para participar como candidato en las próximas elecciones parlamentarias y mucho menos para ser electo diputado por los venezolanos que así lo decidiesen con su voto.

El jurista recordó que, sin tomar en cuenta el hecho de que existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que restituyó los derechos políticos de López en septiembre de 2011, las inhabilitaciones impuestas al ex alcalde de Chacao de 3 y 6 años cada una por la Contraloría General de la República expiraron en diciembre de 2014, por lo cual se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos políticos y en libertad de aspirar a una diputación si así él lo decidiera. En este sentido Sánchez Falcón asegura que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se extralimita en sus funciones al afirmar que López no puede aspirar a cargos públicos hasta 2017.

“Ella está imponiendo una sanción de nueve años sin ningún motivo cuando ambas sanciones corrieron en paralelo de manera simultánea. Yo le digo señora Fiscal, por si usted lo ignora, que las propias resoluciones de la Contraloría General de República que es quien impone las sanciones, establecieron el tiempo de la inhabilitación que comenzaba a ejecutarse desde el momento en que Leopoldo López cesara en sus funciones como alcalde de Chacao, lo cual ocurrió en diciembre de 2008; así que de tal manera que las dos sanciones corrieron paralelamente los tres primeros años y la segunda sanción que fue por seis años venció en diciembre del 2014. Estas sanciones no se pueden sumar una primero y después otra, pensar y expresar eso demuestra un gran desconocimiento de la ley. En ese sentido no hay ninguna razón que impida a Leopoldo López participar en elecciones parlamentarias, está plenamente habilitado para ello”.
En este sentido el jurista explicó que “Ortega Díaz, al no tener ninguna competencia para declarar sobre este caso en el cual no interviene el Ministerio Público, solo la mueve la imprudencia y evidencia algún interés oculto. Se supone que ella debe velar por el ordenamiento jurídico y el estado de derecho, pero sin embargo está incurriendo en una gravísima extralimitación de atribuciones”.
Recordó que “esta persecución en contra de Leopoldo López viene desde que él estaba en el ejercicio de sus funciones como alcalde, y que luego cuando aspiró a la Alcaldía Mayor con más del 70% de respaldo popular se desató una campaña de persecución judicial en contra de él, con más de 20 acusaciones que no se han podido concretar porque no han tenido fundamento alguno”.
Con respecto a la propuesta de la MUD de postular a Leopoldo López a la candidatura de diputación, el penalista Juan Carlos Gutiérrez explicó que “él (López) es un político y dentro de sus derechos tiene la potestad de postularse, pero es un pronunciamiento que debe hacer público él mismo, si fuese su decisión, luego de que culmine su castigo y aislamiento; lo que sí puedo asegurar es que Leopoldo López no tiene ningún tipo de restricción a postularse”.

Cancilleres de UNASUR podrían visitar a López en Ramo Verde
Gutiérrez informó que la defensa hizo un requerimiento formal a los cancilleres de la UNASUR para que visiten a Leopoldo López en Ramo Verde. “Hicimos esta solicitud en ejercicio legítimo del derecho para que los cancilleres tengan una visión directa de la situación de aislamiento del señor López, donde no puede recibir vistas ni tener contacto con nadie. Aparentemente este castigo vence el día sábado, salvo que no le impongan otro castigo, lo cual no es descartable”.

En relación a la continuación del juicio este viernes, el abogado defensor expresó que “para la audiencia fueron citados 48 testigos por el Ministerio Público y que hasta el momento no se ha presentado el primero, estamos atentos a los testigos que comparezcan hoy”.

Aseguró que “el cambio de velocidad que ha tenido el juicio de Leopoldo López no es casualidad, hay una intención de culminar este proceso de manera brusca y producir una sentencia lo antes posible, y no quisiera pensar que está dirigida a complacer intereses políticos de cara a las elecciones parlamentarias, y que se pretenda establecer una pena para mantenerlo en el estado de inhabilitación política”.